El cobro de un sobreprecio, por parte del vendedor de una vivienda protegida, es una infracción administrativa normalmente considerada como «muy grave» que puede suponer sanciones de más del duplo del sobreprecio,  sin perjuicio de su deber de restitución al comprador. Por ejemplo, en la Comunidad de Madrid la sanción es de hasta 60.000 €  (artº 8 a)…