La impugnación de un acuerdo de una Junta de vecinos o de una Asamblea supone una demanda civil contra la Comunidad o la Cooperativa que exige de la contratación de un abogado y un procurador. Por tanto, no basta con anunciar la impugnación ni tampoco basta con votar en contra del acuerdo. La ley establece plazos para la impugnación judicial de acuerdos que -de superarse- suponen, en general, su consentimiento y aplicación para todos los vecinos o socios. Además, la ley para impugnar exige importantes requisitos. Debe consultarse a un abogado especialista antes de celebrarse la posible Junta o Asamblea.

En Comunidades de vecinos,  el que se abstiene en la votación para adoptar un acuerdo no podrá impugnarlo judicialmente aunque dicho acuerdo sea nulo de pleno derecho (artº 18.2 de la LPH); en cambio, en sociedades cooperativas, si el acuerdo es nulo de pleno derecho, el que se abstiene e incluso el que haya votado a favor, tendría legitimación para impugnarlo posteriormente (artº 31.4 de la Ley 27/1999 de Cooperativas).

Recientemente, la STS de 15 de mayo de 2013 (ROJ 3127/2013) establece que los que se abstiene sí pueden impugnar un acuerdo siempre que hayan  salvado su voto.  Por tanto, a partir de ahora el que se abstenga además debe manifestar en el acta que salva su voto o que se reserva una posible impugnación del acuerdo.

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