Es frecuente, sobre todo en edificios residenciales modernos de varios bloques, que las decisiones cotidianas de la comunidad las tome una junta rectora o de gobierno integrada por el presidente, el secretario administrador y otros cargos nombrados como  vocales en supuesta representación de cada uno de los bloques, portales, fases o parcelas.

Su función real es más la de acompañar o asesorar al presidente en la toma de decisiones que un  verdadero órgano con adopción de decisiones colegiadas (por mayoría).   También está generalizada su ausencia o insuficiencia de regulación en los estatutos o reglamentos de las comunidades. Podría ser también que su existencia obedezca más a la comodidad de los administradores para evitar una farragosa  gestión de una agrupación de comunidades o complejo inmobiliario. En ellos  debe haber tantas juntas generales como parcelas o fases.

Aun en el caso de que existiera una regulación que previera su funcionamiento, sus acuerdos no son impugnables ante un juez y, en absoluto, modifica la responsabilidad legal del Presidente o del Secretario Administrador. A lo sumo, sólo podrían servir para depurar responsabilidades internas entre los vecinos en caso de daños a terceros ( situación que nunca hemos visto).

Por tanto, o se regula bien el órgano previendo su forma de convocatoria, sus cargos, levantado actas de las sesiones y definiendo competencias o realmente para poco o nada servirá.

Un ejemplo de la nulidad de este órgano  nos lo da la SAP de Pontevedra de 8 de febrero de 2006 (ROJ SAP PO 135/2006) que consideró nulo de pleno derecho una junta de gobierno que suplía las funciones de los distintos presidentes de los edificios que formaban una agrupación de comunidades o complejo inmobiliario.