INMOABOGADOS ha advertido que, en determinados contratos celebrados entre arrendador-promotor y arrendatario-consumidor y en especial en aquellos en los que se concede el derecho de opción de compra de forma gratuita, se penaliza, sin embargo, al arrendatario-consumidor con un importe económico en el caso de no ejercitar la opción. Dicha penalización se suele utilizar para evitar establecer un precio por el derecho de opción de compra y rebajar así su carga fiscal.
Entendemos desaconsejable este sistema puesto que este tipo de penalizaciones pueden ser consideradas por los Tribunales como abusivas por falta de reciprocidad en las prestaciones y por limitar los derechos de los consumidores y usuarios sobre la base legal de los artículos 86.7 y 87.2 del Texto Refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios.
Se recomienda, o bien la concesión gratuita del derecho de opción sin penalización alguna, o bien el cobro de un precio por el citado derecho, sea ejercitado finalmente o no por el consumidor
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